Investigadores de la ULPGC denuncian la ´ley mordaza´ en archivos históricos

03 Junio 2013

En la edición de ayer, 2 de junio, del diario La Provincia aparcía la denuncia de varios investigadores de la ULPGC sobre la falta de interés de las autoridades en desclasificar 10.000 documentos de archivo sobre la Guerra Civil y el franquismo. Os dejamos el texto del artículo.

El estudio de los episodios que marcaron la historia contemporánea de Canarias y España durante las primeras décadas del siglo XX (Guerra Civil, franquismo, y las dos guerras mundiales ) está afrontando una de las épocas de mayor opacidad que se recuerdan por la no desclasificación de archivos militares y diplomáticos. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) critican esa ley mordaza y se suman a la denuncia que está movilizando a los historiadores de toda España para que se desclasifiquen al menos unos 10.000 documentos de origen militar sobre los que aún pesa, más de 70 años después, la calificación de materia reservada y, al mismo tiempo, se libere al grueso de la documentación diplomática de esa limitación para la consulta discrecional que se viene aplicando desde 2010.
El verdadero impacto de las dos grandes guerras mundiales en Canarias y en España; las listas negras y el colaboracionismo con la Alemania nazi; o qué consecuencias reales produjo en el Archipiélago la neutralidad española y en el propio territorio nacional durante esos años convulsos de la historia europea e internacional se pueden analizar con más facilidad y accesibilidad, paradójicamente, a través de los archivos históricos militares y diplomáticos británicos o estadounidenses, por citar dos ejemplos, que en los españoles.
El estudio de estos temas para los historiadores de la Universidad grancanaria está tropezando con un infranqueable muro de secretos y/o material reservado sin desclasificar que tapona su actividad investigadora. "Es una ley mordaza ridícula que se impone a documentos que ya no son un peligro ni una amenaza para la seguridad nacional pero sí que nos impide realizar nuestra labor", explica Javier Ponce Marrero, profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC y experto en la proyección internacional de Canarias, y la política exterior española particularmente durante la Primera Guerra Mundial.
Movilización
La restrictiva normativa, tradicional en España sobre los fondos militares desde la etapa franquista, representada en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, se ha extendido ahora y desde finales de 2010 a los archivos diplomáticos repartidos entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la sede del Archivo General de la Administración, ambos en la provincia de Madrid.
De manera que cualquier documento de ese origen que quiera ser consultado ha de ser sometido al escrutinio y la discrecionalidad de la comisión correspondiente para ser desclasificado. "Lo peor es la falta de temporalidad de la medida", subraya Ponce Marrero, cuyas investigaciones se nutren fundamentalmente de estos archivos.
En ese contexto, un inédito e inusitado activismo de los historiadores, encabezados por los más reconocidos como Ángel Viñas o el hispanista Paul Preston, está ahora intentando presionar al Gobierno español para modificar esa ley, y una actualización posterior aprobada en octubre de 1978. "Lo principal es que se modifique la regulación del acceso a los archivos; no tanto la precariedad de los medios, que existe y es importante si se comparan los archivos españoles con otros extranjeros", señala Juan José Díaz Benítez, también profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad grancanaria y especialista en las líneas de investigación de intereses extranjeros en Canarias, y en la de Canarias en España y en el sistema internacional, entre otras.
Tanto Díaz Benítez como Ponce Marrero pertenecen al Grupo Universitario de Investigación en Relaciones Internacionales (GUIRI) de la Universidad grancanaria, uno de los más punteros y competitivos a nivel nacional en su especialidad.
Regresión
Ambos, pues, son desde hace décadas experimentados consultores de archivos, tanto de los fondos que hay en el Archipiélago como de los nacionales, al mismo tiempo que conocen los centros de documentación más relevantes en Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania o Italia, con mucho y abundante material sobre todo del período de entreguerras y de los dos conflictos mundiales armados.
"Con la actual regulación nosotros no podríamos haber realizado nuestras tesis: yo hace 20 años; y Juan José, hace 10. Hubiésemos tenido que cambiar el tema de nuestras investigaciones", explica la relevancia del problema Javier Ponce Marrero, máster en Civilización Europea por la Universidad de Lovaina y Premio de Investigación Viera y Clavijo (2002).
De tal manera que muchos de los legajos consultados entonces por uno y otro ahora son inaccesibles, lo que da una idea del período regresivo que vive la investigación histórica en España. "O cuando menos, si se quiere tener acceso a un archivo determinado, hay que solicitarlo para que una comisión estudie su eventual desclasificación", añade el profesor.
En el mismo saco de la reserva han caído pues todos los archivos que tienen que ver con la política exterior española de los últimos 20 años, por ejemplo, junto a material de los siglos XIX y XX cuya publicación poco riesgo habría de comportar para la seguridad nacional.
La realidad es tal que el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el madrileño palacio de Santa Cruz, en los años 90 de la década pasada era accesible. "Estuve allí consultándolo durante diez meses, todos los días. Ahora está clausurado", señala el investigador.
Desde finales de 2010 el Gobierno español, a propuesta de su entonces canciller Miguel Ángel Moratinos, decidió echar el cerrojazo y clasificar como reservados la práctica totalidad de esos fondos documentales.
Algunos investigadores atribuyen la decisión a los efectos del escándalo de Wikileaks (que supuso que esta organización internacional hiciera públicos de manera desmesurada documentos reservados de numerosas cancillerías de todo el mundo). "No se si es esta la razón. Pero creo que el asunto es más grave. En este país hay una falta de respeto a la investigación histórica que resultaría inadmisible en Gran Bretaña, por ejemplo. Los historiadores no somos francotiradores y en las universidades se investiga. Hay muchísimas cátedras, proyectos de investigación y grupos que están viendo restringida su actividad".
En el caso de la documentación militar, el problema no es tanto que ahora se haya endurecido el acceso sino que no se ha realizado la regulación que los especialistas vienen demandando desde hace mucho tiempo.
"Ya el Reglamento de Archivos Militares, del año 1998", afirma Juan José Díaz Benítez, "sostenía que la documentación clasificada como secretos reservados solo se podía consultar cuando fuera especificado por la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa. Y esa es la tesis que se ha mantenido hasta ahora".
Eso supone, según este especialista Premio de Investigación Viera y Clavijo (2006), Premio de Doctorado (2008-2009), y miembro del Aula de Estudios Sociedad-Ejército de la Universidad grancanaria, "que en algunos archivos se pueden ver documentos que han sido desclasificados y, en otros, te puedes encontrar una copia de los mismos documentos que no lo están. Es algo absurdo".
Incumplimiento
La impaciencia de los historiadores va acrecentándose cuando van pasando los años y se suma más tiempo, por tanto, al incumplimiento del compromiso realizado por los responsables políticos.
Esa cuenta atrás empezó cuando en 2008 la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció la modificación de la legislación para una serie de fondos de archivos concretos, como el de Ávila o incluso algunos intermedios (regionales) del Ejército de Tierra. Pretendió hacerlo antes de acabar el mandato de su Gobierno a final de 2011 pero dejó el asunto pendiente. El responsable de Exteriores del PP reafirmó el compromiso de asumir el cambio en 2012, pero continúa sin tomar la decisión.
"Creo que en un futuro no va a haber grandes cambios en lo que se refiere a los fondos militares, pese a que reformar la regulación es imprescindible", manifiesta Díaz Benítez. Su compañero Javier Ponce Marrero confía en el "sentido común" y en que al menos "a medio plazo" los documentos diplomáticos vuelvan a ser accesibles.