La nueva Ley 22/2015 de Auditoría de cuentas entra en vigor sin el apoyo del sector
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El pasado 17 de junio entró en vigor la Ley 22/2015 de Auditoría de cuentas, una ley que ha generado incomprensión y preocupación en el sector. Entre sus quejas están el exceso de regulación, la inseguridad jurídica y la situación de inferioridad competitiva frente a otros países europeos.
Con la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y el Reglamento (UE)537/2014 relativos a la auditoría legal de las cuentas anuales era necesario una reforma en la normativa española que compartiera objetivos. El año pasado la nueva Ley de Auditoría fue aprobada sin el apoyo de ningún grupo parlamentario y con más de 300 enmiendas rechazadas. El sector, que se "ha sentido poco escuchado por el Gobierno y por la ICAC" (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), según Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España ICJCE, opina que la ley es incomprensible y díficil de aplicar. "La Ley finalmente aprobada no cumple con los objetivos y expectativas previstos", asegura Mario Alonso.
El objetivo de esta nueva normativa es consolidar la confianza de los usuarios y de las usuarias en la información económico-financiera que se audita mejorando la calidad y reforzando la independencia de las auditorías. Desde su aprobación, se aplica con carácter general a todas las empresas que desempeñan una actividad económica aunque está enfocada principalmente a las Entidades de Interés Público (EIP). Entre los cambios incorporados a la nueva normativa destacan: la rotación obligatoria de la firma de auditoría, la limitación de honorarios, la prohibición de determinados servicios prestados por el auditor, la obligación de informar a los supervisores de EIP en ciertos casos y la creación de un cuerpo de inspectores.
Ver Ley 22 2015, de 20 de julio, de Auditoría de cuentas.
¿Estas de acuerdo con la opinión del sector?
Fuente: Asesoría y Empresas, El Economista, Expansión (Mario Alonso, presidente del ICJCE), Cinco Días