Publicación de la monografía Justicia electrónica y garantías constitucionales
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La editorial La LEY ha publicado recientemente la monografía Justicia electrónica y garantías constitucionales cuyo autor es Luis M. González de la Garza. La monografía estudia detallada y pormenorizamente la nueva metodología de relación de los profesionales de la justicia. Constituye un comentario legislativo a la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. En ella se estudia detallada y pormenorizamente la nueva metodología de relación de los profesionales de la justicia, es decir, de los abogados y procuradores, pero también de los ciudadanos, con la Administración Judicial electrónica. No se trata de una opción, en lo que respecta a si es posible el ejercicio del procedimiento por vía electrónica o de forma convencional y material, lo que sí es posible para los ciudadanos. Se trata, para los profesionales de la justicia, de una obligación jurídica inexcusable que va a condicionar el desarrollo de las diversas fases del procedimiento, las cuales, necesariamente, pasarán a ser tramitadas de forma electrónica. Desde tal perspectiva, es imprescindible adaptarse a los métodos de procedimiento electrónico que la nueva Ley establece. No cabe duda de que se trata de un esfuerzo singular para miles de profesionales de la justicia que hasta ahora venían desarrollando su actividad profesional al margen de satisfacer cualquier exigencia de tipo técnico. Sin embargo, la Ley 18/2011, de 5 de julio, pone fin a toda una era de relaciones materiales y da comienzo a un nuevo tiempo caracterizado por el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información. El solvente estudio que comentamos tiene como objetivo prioritario explicar una Ley técnica en los términos más asequibles al lector no especializado, pero no nos podemos engañar, la visibilidad del procedimiento desaparece, en buen medida, a través del uso de tecnologías que, en muchos casos, proporcionan garantías relativas de eficiencia y seguridad y, por otra parte, supondrá, con excepción de las generaciones nativas digitales, un esfuerzo de adaptación: cibercapacitación de gran magnitud cuyos resultados, en la actualidad, son de muy difícil predicción. Este libro, por último, es un libro crítico, lo que es de agradecer, es decir, pone en evidencia los defectos de la Ley que pueden conculcar las garantías procesales trabajosamente acuñadas durante décadas en el proceso material y señala al lector los elementos en que podrá fundar sus argumentos en nuevas dimensiones de la indefensión de sus representados, que tienen en la Ley y, en el entorno tecnológico en el que ésta se sustenta, los elementos para su futura articulación. En fin, una obra realmente necesaria y de lectura imprescindible para todos los profesionales del derecho que quieran adentrarse con garantías en el derecho procesal del siglo XXI.