Abigranca y Probit emiten un comunicado en contra del pago por préstamo en bibliotecas

La Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria, Abigranca, y los Profesionales de las Bibliotecas Tenerife, Probit, han emitido un comunicado en el que manifiestan su oposición al pago por préstamo en bibliotecas públicas, un canon aprobado por Real Decreto el pasado mes de agosto.

Reproducimos íntegramente el texto aportado:

El 1 de agosto se publicaba en el BOE el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público. En otras palabras, las bibliotecas públicas -o mejor dicho, las instituciones de las que dependen- tendrán que pagar por los préstamos realizados en sus instalaciones.

Este canon establece dos tipos de remuneración: 0,004 € por el número de obras objeto de préstamo con derechos de autor y 0,05 € por cada usuario inscrito que haya hecho uso efectivo del servicio de préstamo durante el año correspondiente.

Las administraciones de las que dependen las bibliotecas, corporaciones locales en la mayor parte de los casos, tendrán que hacer frente a esta retribución que saldrá de los exiguos presupuestos destinados a estos centros. La consecuencia directa es que cada vez habrá menos recursos para el sostenimiento de las bibliotecas: menos dinero para el mantenimiento, la mejora o la creación de nuevos centros, para la adquisición de novedades bibliográficas, para el desarrollo de planes de fomento de la lectura, para la realización de actividades culturales, etc.

Resulta irónico que este Real Decreto penalice a las bibliotecas por ejercer la función que tienen encomendada, esto es, satisfacer las necesidades de la población en materia de formación, información, cultura y ocio. Nos parece escandaloso que cuanto mejor funcione una biblioteca, cuanto más uso, usuarios y préstamos tenga, más deberá pagar. Es decir, que cuanto más activa sea en su comunidad vecinal mayor será el castigo que reciba.

El Gobierno central se ha apresurado a afirmar que los usuarios de las bibliotecas públicas no van a pagar de su bolsillo por la remuneración a los autores, pero esto no es del todo cierto ya que el importe del canon saldrá de los impuestos de todos. Creemos que es un error concebir al usuario de una biblioteca como un cliente, porque no lo es. Es un ciudadano que invierte sus impuestos es un espacio democrático y cultural, al servicio de todos y pagado por todos.

Desde Abigranca y Probit rechazamos de forma contundente este Real Decreto por considerarlo injusto e inapropiado, varias son las razones que apoyan nuestra postura:

• La remuneración por usuario (una de las dos que contempla el canon) incluye a todas aquellas personas que se hayan llevado libros a casa, incluso cuando se trate de obras no protegidas por derechos de autor. Imaginemos que un usuario sólo se lleva en préstamo las obras de Cervantes, Calderón de la Barca, Dickens o Benito Pérez Galdós, ¿por qué tendrían que pagar las bibliotecas por derechos que han expirado?

• Las bibliotecas ya pagan derechos de autor cada vez que compran un ejemplar de cualquier obra. Por consiguiente, el canon significa pagar dos veces por el mismo concepto.

• Las entidades de gestión de derechos, como Cedro, gestionarán el pago a cada autor. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte deja en manos de una entidad privada la gestión del canon y los autores no recibirán el dinero directamente. Mucho nos tememos que una buena parte de los ingresos se quedará por el camino.

• Las bibliotecas no son una amenaza para los escritores sino que colaboran con ellos divulgando y promocionando su trabajo con interesantes programas de animación y fomento de la lectura. Actividades con las que una biblioteca es capaz de cambiar un barrio, un pueblo y hasta una ciudad fortaleciendo el trabajo de los autores entre la sociedad y creando ciudadanos críticos y libres. En el informe Primera oleada sobre el panorama del libro en España de noviembre de 2013 los propios autores y editores, entre otros profesionales del sector, asumían que las bibliotecas eran uno de los pilares fundamentales para el sector del libro en España.

Para colmo de males, las bibliotecas públicas canarias no viven su mejor momento. Al brutal descenso del presupuesto que aporta el Estado tenemos que sumar la exigua aportación del Gobierno de Canarias. El archipiélago está por debajo de la media nacional en número de documentos por habitante, en adquisiciones por cada 1.000 habitantes y en índice de población lectora. Desde el año 2008 hasta el 2012 (último del que se tienen datos estadísticos) en Canarias ha disminuido el número de bibliotecas, los municipios con equipamiento de este tipo y los profesionales empleados. La gota que colma el vaso y que debería avergonzar a más de un representante público es que Canarias es la única Comunidad Autónoma del Estado que no dispone de legislación de ningún tipo en materia de bibliotecas.

No tiene sentido querer hacer caja a través de las bibliotecas, ya que son servicios públicos básicos que cumplen una función social y democratizadora de primer orden, más aún en la época de crisis económica en la que estamos inmersos. Nos encontramos ante una mala legislación que no supone ningún beneficio ni para los ciudadanos, ni para los autores, tan solo para las entidades de gestión, y que lo único que hace es añadir más obstáculos y dificultades en el acceso a la cultura