Sobrecoste en suscripciones a revistas científicas
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El pasado 15 de febrero Teknautas (El Confidencial) reveló un estudio del importante coste que representa la suscripción de revistas académicas por parte de universidades e instituciones españolas.
Teknautas recopiló información sobre 169 contratos públicos celebrados entre 2012 y 2017 disponible en el Boletín Oficial del Estado y en el Portal de Transparencia, cuantificando en al menos 213 millones de euros la inversión en este suministro de literatura científica, de los que más de un 55% han ido destinados a Elsevier (normalmente vía EBSCO), la mayor editorial científica del mundo, que ingresa unos 25 millones de euros anuales.
Tras estas cifras se encuentra un modelo de negocio altamente cuestionado, donde el personal investigador -o sus centros de investigación- paga por publicar sus artículos, que son revisados gratuitamente por otros investigadores o investigadoras al servicio de la editorial, y finalmente los centros de investigación y universidades pagan otra vez a las editoriales, esta vez por la suscripción que hacen sus bibliotecas a las revistas en las que podrán leer sus propios artículos. Todo ello con fondos públicos, a pesar de que gran parte de la investigación haya sido financiada también con fondos públicos.
Una comparación internacional permite descubir que, globalmente, España invierte entre el doble y el triple más que otros países europeos. Pero también que hay alternativas: países como Finlandia y Alemania han optado por adoptar una posición de fuerza frente a la gigante editorial, centralizando la compra para lograr rebajar la factura. Este último país ha agrupado a 200 instituciones académicas en un plan que también persigue fomentar una política de acceso abierto.
La publicación de estos datos ha impulsado al grupo de Ciudadanos en el Congreso a presentar varias preguntas parlamentarias en el pleno sobre este asunto, a la vez que anunció la próxima presentación de una proposición no de ley para instar al Gobierno a corregir "las ineficiencias económicas por la fragmentación de los contratos" y fomentar el acceso abierto.
La Biblioteca Universitaria se congratula de que esta situación haya trascendido públicamente y que haya llegado al Congreso, y espera que sirva para limitar globalmente el gasto público en este modelo de negocio y reforzar la aplicación de la Ley de Ciencia en lo que respecta al libre acceso a la investigación financiada con fondos públicos.